Vicentin: Alberto Fernández le puso la firma a una decisión que ya había tomado la realidad

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"Me equivoqué con el tema Vicentin porque creí que estaba mucho más asumida la situación de crisis, y que cuando anunciara que el Estado iba a ayudar a recuperar a la

empresa iban a salir todos a festejar, porque estábamos recuperando una empresa importantísima en la Argentina". Eso dijo Alberto Fernández el 13 de julio en una entrevista por radio, cuando ya había pasado más de un mes de la publicación del DNU que intervino la empresa para expropiarla.

En rigor, cuando el Presidente hizo esa admisión, también hacía más de un mes que estaba claro que todo el asunto había sido un error, porque el plan para estatizar la cerealera falló desde el primer minuto.

El primero que se opuso a la idea del Presidente fue el gobernador de Santa Fe, Omar Perotti. A través de las declaraciones de un ministro, hizo saber que no apoyaba la expropiación, aunque sí esperaba que el Estado interviniera la compañía, que estaba en las etapas iniciales de un complejísimo concurso de acreedores, bajo la supervisión del juez Fabián Lorenzini, de Reconquista.

Desde el Congreso le avisaron también al Presidente que en la Cámara de Diputados no estaban los votos suficientes para aprobar una ley de expropiación.

Todo eso ocurría mientras el juez Lorenzini desplazaba a los interventores nacionales del manejo de la empresa y reponía en su lugar al directorio de la compañía, y la gente marchaba en Santa Fe y en muchas otras ciudades del país para protestar con el intento expropiador.

Entre los empresarios, la idea se convirtió rápidamente en una prueba de que el Presidente abrazaba la vocación estatizadora de los principales dirigentes del kirchnerismo, que generó una preocupación adicional porque hoy hay miles de empresas en todo el país al borde del concurso de acreedores.

Esa sensación había empezado a caminar fuerte entre los empresarios desde mayo, cuando la diputada Fernanda Vallejos propuso que el Estado se quede con acciones de las empresas que recibieron ayuda oficial para pagar los salarios.

Ante ese contexto tan adverso, el propio Presidente comenzó a despegarse de su idea original cuando aceptó que se pusiera en marcha el plan de Perotti para poner interventores santafesinos a manejar la empresa y para que se instrumentara un fideicomiso, algo que también descartó el juez.

Después de eso, sólo quedaba ponerle la firma a un cuadro que había pintado la propia realidad.