Una Corte bajo la lupa, filtraciones de Schiaretti y la fórmula de Juntos por el Cambio para la provincia

Politica
Lectura

El desmarque del gobernador de Córdoba. Y semana clave para el Máximo Tribunal.Oposición y oficialismo miran la elección en Provincia. Por Ignacio Zuleta

 

 

A Olivos, un encargado de negocios

El médico Fernán Quirós agrega desde esta semana una nueva tarea a las que ya tiene como el cura pupas oficial del Gobierno porteño. Será el encargado de negocios con la administración nacional. Como en las crisis diplomáticas, Horacio Rodríguez Larreta reducirá el nivel de sus relaciones con Olivos al rango Quirós, nada de embajadores. Sólo pandemia. Por lo menos hasta que Alberto Fernández haga algún gesto de acercamiento para retomar las conversaciones pre-virus y reducir la quita del punto de coparticipación a por lo menos de la mitad. Siguieron los llamados de delegados de Olivos buscando amortiguar el efecto del decreto, con explicaciones del tipo "Horacio ya lo sabía", como si eso mitigara lo que el jefe porteño dice que fue una puñalada por la espalda.

 

La reducción del nivel de relaciones a lo estrictamente sanitario durará hasta que se presente ante la Corte la demanda, que pide una cautelar para frenar el corte diario de fondos de coparticipación, que ha dejado de recibir la CABA desde la semana anterior. Larreta confía en estas retaliaciones, cree que el efecto ha sido beneficioso para el público que lo respalda y acalla los amagues de disidencia en Juntos por el Cambio, que pueden resentir la unidad de la oposición. Mantenerse unidos es para esta liga tan importante como para el peronismo. Cualquier disidencia se paga en el escenario electoral, que es el único que hoy interesa.

Ayuda a Larreta, según se escucha en reuniones recoletas como la que hizo el equipo de gobierno de la CABA en la noche del domingo, la mejora en los números de internados por el virus, cuando aumentan en el resto del país, competencia originaria de los Fernández. Es una simpleza descubrir ahora que es el eje de la liga opositora, como fundador y candidato mejor alineado para el 2023, pero el clima lo confirma. Ninguno de los otros gobernadores de su alianza dudó en rechazar el pedido de apoyos que hizo Alberto para el decreto. Ahora recibirá otro brindis de la mesa nacional en el zoom de los lunes.

Racionalidad peronista: preservar la unidad

Se engaña quien crea que estas movidas son para capturar el voto ajeno, o convencer al adversario de algo que nunca se lo convencerá. El público de la quita de fondos a la CABA es el peronismo de la provincia de Buenos Aires. El peronismo que comanda el distrito -dividido entre el cristinismo de Axel Kicillof, la minoría juguetona de Sergio Massa y el testigo Alberto- tienen que convencer, cada cual, a los votantes que tienen la fuerza suficiente como para controlar la situación. Controlar quiere decir sostener batallas ganadoras contra la oposición, aportar los fondos que faltan y, por sobre todo, asegurarles a los dirigentes, punteros y militantes, que les pueden asegurar un futuro ganador en 2021 y, ojalá en 2023.

Es el recurso para blindar el principal activo estratégico del peronismo, que es la unidad. Cuando la perdió, en 2009, inauguró una década de derrotas que permeó de Buenos Aires al resto del país. Debe evitar la posibilidad de una división, que parece asomar en el horizonte. Es la condición para seguir pensando en un futuro, juntos por algún cambio, y para todos. Si hay debilidad de fuerzas, ganan los más poderosos, los que logran cementar la unidad. Saben todos que el voto de las grandes familias es inconmovible y que sólo permaneciendo unidos serán competitivos. No porque le puedan sacar votos al 40% que obtuvo Cambiemos a presidente.

Peleas darwinianas en Buenos Aires

La preocupación por la fuerza para ir a elecciones que le permitan ganar en la provincia de Buenos Aires las 10 bancas que le faltan para tener quórum en Diputados es la principal inquietud. Encima ven encuestas que los inquietan, como si los humores cambiasen el voto. Un sondeo de la firma Reyes-Filadoro decía esta semana que Larreta tiene en Buenos Aires una imagen positiva de 67%, por adelante de Alberto Fernández, con 64%. Una conclusión cualitativa agrega que más de la mitad de los bonaerenses que votaron al Frente de Todos en la última elección tiene una imagen positiva de Larreta. La relación entre Kicillof y los intendentes necesita alguna señal para su reelección en 2023.

Rige una ley que puede beneficiar a los punteros del cristinismo y también a emergentes de la oposición, por el veto a un tercer mandato. Es una pelea darwiniana por la sobrevivencia de la especie. Piden una solución darwiniana. El alzamiento policial es una señal para el cristinismo, que sólo amagó con denunciar una mano negra. Con mirar hacia abajo, verían que son los pata negra que advierten que no hay autoridad en el gobernador. Ni siquiera ideológica, porque boya entre el garantismo de la Nación y la mano dura de Sergio Berni. Tampoco la autoridad ritual que exigen los cuerpos armados, que no toleran dos cosas:

1) Que el gobernador vaya a los actos policiales en remera, y el tono con el cual acompaña el himno nacional. Los “ratis” se fijan en esas cosas.

2) Que el Gobierno no asuma que sin vueltos en blanco o en negro no hay policía. Es un problema de las policías de todo el mundo. La política también es lo inconfesable. Y gobernar es gobernar la policía.

El mapa de las complicaciones en 2021

En estas constancias hay que localizar la racionalidad del decretazo de la semana anterior. Para las elecciones del año que viene la oposición amenaza con una lista de candidatos a diputados nacionales con ojiva nuclear: María Eugenia VidalElisa CarrióMiguel Angel Pichetto. Puede darles un dolor de cabeza si las tribus del oficialismo siguen alzadas. En los otros distritos grandes, como CABA, Córdoba, Mendoza o Entre Ríos, también hay una suerte chiva para el peronismo metropolitano. Puede perder en esas comarcas.

Mendoza y Córdoba eligen senadores y hay candidatos con mucha chance de ganarle al peronismo fernandista: Alfredo Cornejo, Julio Cobos, Mario Negri, Alejandra Vigo, y el propio Schiaretti pueden estar en la grilla para esos cargos. Santa Fe es un enigma siempre, pero Omar Perotti no es un oficiante en el Instituto Patria. También elige senadores, y Carlos Reutemann tiene posibilidades de reelegir y viene de hacer un gesto político: sumó su bloque a la oposición en las últimas votaciones rabiosas contra proyectos del oficialismo. También es miembro del club que obtura los 2/3 que necesita el peronismo para habilitar proyectos estructurales. En Entre Ríos el peronismo perdió el año pasado las elecciones a senador nacional. Estas constancias aumentan la necesidad de blindar la provincia de Buenos Aires y endurecer el gesto en las relaciones con el gobierno de Larreta.

Córdoba y los hermetismos estridentes

El Gobierno intentará desandar el daño que esta medida le causa en la opinión de los sectores moderados de su distrito, que pueden mirar hacia algún otro peronismo. El decreto de la discordia resiente también la arquitectura nacional del peronismo. La señal más cruda es la negativa de Juan Schiaretti a firmar la adhesión a la medida. El gobernador de Córdoba ha sido hermético para dar explicaciones, pero habilita filtraciones:

1) No está de acuerdo con la forma, aunque no discute el fondo porque no está a la cola de los beneficiados por el reparto de dinero graciable.

2) Si Alberto le saca a la CABA dinero, mañana puede, de un plumazo, sacárselo a Córdoba, que además es una de las capitales nacionales del anti cristinismo y, ante todo, la segunda provincia en cantidad de votos.

3) Se aparta del juego del peronismo nacional. Schiaretti manifiesta además desconfianza hacia el juego que plantea el peronismo metropolitano que domina Olivos y el Congreso.

Ese juego tiene riesgos de los cuales se previno antes, cuando construyó la mesa de Alternativa Federal, que actuó hasta mayo del año pasado como un camino para el no cristinismo. Jefe de la liga de gobernadores, encabezó el club de la lista corta en las elecciones presidenciales. En Córdoba la fórmula Macri-Pichetto les ganó a los Fernández por 61 a 29. Schiaretti, como los políticos de su talla, nunca abandona la protección de su interés. No come cristinismo, pero acordó con todas las tribus del peronismo hace dos años para que Graciela Camaño tuviera una silla en el Consejo de la Magistratura. Implicó la salida de Mario Negri, representante de la UCR. El año pasado logró que Cristina bajase una lista a diputados nacionales de Córdoba que patrocinaba Juan Grabois, y que podía sacarle votos al PJ. Le costó a la vicepresidente un disgusto con el jefe de la CTEP.

En el Senado, también con justo

Estos movimientos desmadejan conductas que afectan también el armado nacional. El peronismo del Senado lleva esta semana al recinto el dictamen para denunciar al procurador Eduardo Casal por una cuestión de privilegio sobre demoras en una jura de integrantes del Jury de enjuiciamiento de los fiscales. Es una pelea política mayor y les costó llegar a los 10 votos necesarios para aprobarlo. El senador por Río Negro, aliado del oficialismo en muchos proyectos, dijo que no lo respaldaba. Señales que vienen de una provincia adonde debe alguna actuación de la Nación por la ocupación de tierras. Tampoco apareció otro aliado, Adolfo Rodríguez Saá. Estas trifulcas se van empastando a medida que se acercan tiempos electorales. El Senado puso fecha para las audiencias de candidatos a nuevos jueces, más de una veintena: serán 28, 29 y 30. Pero dejó sin tratar el pedido de tres jueces que quieren seguir en los cargos pese a que han cumplido la edad para jubilarse. Entre esos nombres figuran magistrados de peso político. Será otra batalla.

Y encima hay que discutir de nuevo protocolos remotos

Estas peleas van a renacer en la semana en el Senado porque este domingo debe hacer vencido la vigencia del protocolo para las modalidad de sesiones remotas (era por 30 días). Es la herramienta más eficaz que tiene el oficialismo para manejar las cámaras y jibarizar a la oposición. Esta vez hay de nuevo un pedido de los senadores opositores para que se amplíe la presencia de legisladores en el recinto, algo hasta ahora limitada a autoridades de mesa. O que se amplíe en tiempo de exposición en los debates. Cristina accede con cuentagotas a esos reclamos, pero incumple el compromiso de que se hagan reuniones de Labor Parlamentaria. Es donde se resuelve la agenda de los temas a tratar. Pero ella no se sienta con senadores y todas las sesiones son “especiales”, es decir sin menú de temas concertados.

La oposición pide, por ejemplo, que se trate el proyecto de Economía del Conocimiento, pisada por el oficialismo. También, una distensión de las normas para concursos y quiebras para facilitar la salida de las empresas de la crisis, en el formato de las normas que sancionó el Congreso en 2002, durante la anterior crisis. Tienen ya sanción de Diputados. Para el oficialismo son leyes con nombre y apellido. La primera es Galperín, la segunda Correo Argentino, Por eso las tienen en la congeladora.

La Corte, bajo los faroles

La demanda a la Corte contra la inconstitucionalidad del decreto activa al gremio de los expertos, que hacen cola para causas de esta altura. El decreto que firmó Larreta autoriza a la Procuración de la Ciudad a hacer la demanda, y la debe firmar su titular, Gabriel Astarloa. Pero hay, además, consultas con estrellas de la profesión como Alberto García Lema, que patrocinó al Banco Ciudad para hacer caer la ley Conti, que le quitaba los fondos de la Justicia. También patrocinó a la provincia de Córdoba en la Corte, en el recamo de las detracciones a los aportes previsionales. En esos círculos opinan, además, otros constitucionalistas como Rodolfo Barra -que actuó por San Luis en aquel juicio previsional que falló la Corte dos días después de que Macri ganase el balotaje en noviembre de 2015-, Ricardo Gil Lavedra (por Santa Fe en aquellas batallas) y Antonio María Hernández, que hoy firma las querellas de productores de Córdoba contra las fronteras interiores, que ha impuesto San Luis para defenderse del virus.

El tribunal está bajo los faroles, porque tiene pendiente alguna palabra sobre el proyecto de anulación del traslado de jueces, que cuestiona el peronismo. Esta semana se oficializará en el recinto la anulación y se levantan apuestas para decidir si la Corte hablará antes o después de la sanción. Cualquier gesto tendrá un costo, en un país en transición de un poder a otro en cámara lenta. Puede avalar estos traslados como lo hizo antes, y rugirá el cristinismo; puede revertirlos, y enojará a la oposición, que dirá que actuó con ese aval.

Tambalea el monedero electoral

También entra en la agenda por otros entuertos. El Gobierno tiene que resolver qué hará para cumplir un fallo de contrafrente, que dictó el tribunal en febrero de este año, que podría implicar un suelta de fondos descomunal para los partidos políticos en las próximas elecciones. Esa decisión reconoció un reclamo para que el dinero que entrega el Estado por los votos recibidos se reparta entre las listas que se anotan para competir en las primarias, y no entre las agrupaciones. El fallo respaldó un pedido del dirigente de derecha Alejandro Biondini, que encabezó en 2017 una lista opositora, el Frente Patriótico Bandera Vecinal. La factura a pagar es de unos $ 20 millones. Se trata de un partido pequeño, pero si los partidos deben repartir esos dineros entre todas las listas, crecerán los reclamos al infinito. Alguna medida se tendrá que tomar.

Diputados, ¿menos es más?

El peronismo se interesó en darle relieve, también, a otro incidente judicial que recuerda la manda constitucional de modificar la representación de las provincias en la Cámara de Diputados. Es un oficio que hizo la Cámara Nacional Electoral al Gobierno y al Congreso, para que actualice la cantidad de representantes de cada distrito según el último censo de población. Debería hacerse cada diez años, pero nunca se hizo, y replica las mismas desigualdades que ocurren con el reparto de la coparticipación federal de impuestos. Más aún, si esa actualización sincerase el peso de cada distrito en el Congreso, el debate de la coparticipación se simplificaría.

Claro que imaginar un cambio que implique una reducción de representación, es tan fantasioso como que se reduzcan los impuestos a provincias hoy beneficiadas. El peronismo se ha resistido a esa actualización, porque entiende que el actual reparto le beneficia. La ley Bignone, que reguló la transición a la democracia, impuso que no podía haber provincias con menos de cinco diputados. Alimentaba las ilusiones de lo que quedaba del partido militar, que era fuerte en provincias chicas. Hoy en las que eligen cinco diputados, siempre el peronismo logra tener tres, y eso conviene.

Hubo proyectos desde los años '90 hasta ahora, el último de Jorge Landau, bajo la presidencia de Cristina de Kirchner. Los críticos de la corporación política temen que haya una inflación de las cámaras para cumplir la orden constitucional, que dice que debe haber un diputado cada 33.000 habitantes o fracción que no baje de 16.500. Un cálculo hipotético dice que la representación de Buenos Aires -la más grande del país- tiene 70 diputados, uno cada 222.777 habitantes; Tierra del Fuego tiene un diputado cada 25.441 habitantes. Héctor Masnatta, uno de los grandes constitucionalistas que en mundo han sido, intervino en ese debate en 2002, cuando se discutía la salida del ciclo duhaldista: "¿Se asistirá al bello espectáculo de legisladores que se auto-inmolen votando la ley que autorice esta reforma?".

Fuente Clarin

Cargando...