Un juez federal rechazó el desalojo de las familias que ocuparon la Reserva Forestal en El Bolsón

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El juez federal subrogante de Bariloche, Gustavo Zapata, rechazó el pedido de desalojo de las 133 familias que desde el mes pasado mantienen ocupadas 60 hectáreas en la Reserva Federal de

El Bolsón, Río Negro. La solicitud había sido cursada por la fiscal federal Silvia Little el pasado 8 de septiembre.

En un fallo con fuertes críticas hacia el Estado nacional por su responsabilidad hacia la crsisi sociales e inacción ante el fenómeno de las usurpaciones en todo el país, Zapata solicitó a su vez al municipio, conducido por Bruno Pogliaro, que lleve a cabo un registro con el propósito de conocer el número exacto y la composición familiar de las personas se encuentran en el lugar. Para esta tarea asignó un plazo de 15 días. Por lo demás, descartó que de momento pueda habilitarse en su juzgado el traslado de las familias.

Para el juez el panorama es complejo. “(El desalojo o, finalmente, la permanencia de los vecinos avalada por la Justicia) traerá consecuencias graves para las partes en litigio. Si se decide tardíamente el desalojo, supondrá perjuicios tanto para el denunciante como para los mismos usurpadores, que probablemente habrán incurrido en gastos de construcción considerables. Si por el contrario, en forma tardía se le otorga la razón a los ocupantes, estos ya habrán sido desalojados y permanecido en situación de vulnerabilidad, expuestos a peligros en su integridad y vida, además del perjuicio económico evidente”, razona en su fallo.

Zapata deja en claro que, analizados los hechos que esgrime la fiscal Little en su requerimiento, no encuentra un “delito” de cual puedan ser responsabilizadas las familias.

“(...) las personas allí asentadas incluso le han manifestado a la titular del MPF (Ministerio Público Fiscal) que no poseen oposición alguna a ser reubicados, ya que su reclamo es inherente a la crisis habitacional que sufren y no a la porción específica de tierra que hoy ocupan”, indica el juez.

“(...) el animus dominii requerido por el tipo penal previsto por el art. 181 del C.P. (referidos a “Delitos contra la propiedad”) debería analizarse de manera pormenorizada previo a la persecución de los mismos por la vía penal. Este punto también haría caer por tierra el argumento de la instructora relacionado con el futuro reclamo que podrían interponer estas familias para ser legitimadas en su derecho, pues las mismas no poseen voluntad de transformar su actual posesión hacia la titularidad del lugar, sino que tan solo se erige como una forma de reclamo ante la imperiosa situación que atraviesan”, agrega.

“Aduno a todo ello que el acta de inspección realizada por el MPF ha corroborado a su vez que no se han constatado roturas e incluso que en el lugar “…solo en la porción inicial del camino, unos 20 metros, existe un alambrado…”, subraya el magistrado.

Y recuerda otra toma iniciada hace 9 años en la misma localidad. “Con ello quiero decir que no abrigo dudas que la deficitaria política estatal en materia habitacional, ha llevado a su vez a que nos encontremos con inmensas porciones de tierras que –evidentemente- no pueden ser controladas siquiera por el propio estado que con su inacción permite el asentamiento masivo de familias completas; sin ir más lejos, en el año 2011 -en cercanías de los predios hoy ocupados también propiedad del ente denunciante- se asentaron un sinnúmero de personas que con el transcurso del tiempo lograron la entrega de esos lotes y la formación de siete barrios que a la fecha no poseen régimen jurídico alguno”.

La fiscal Little había solicitado al juez Zapata el desalojo de las familias en función de las faltas a la ley que observó en el área. El intendente Pogliano denunció que se estaban talando árboles y se vendían lotes en Facebook. En un primer momento la funcionaria judicial le indicó al intendente que no encontraba motivos para iniciar una causa penal. Pero luego cambió de parecer y se lo hizo saber al juez Zapata.

“No existen dudas aquí que estamos en presencia de un delito, puntualmente, del tipo penal previsto por el art. 181, inc. 1° del Código Penal, puesto que aquéllas 133 familias ingresaron clandestinamente a los predios de propiedad del INTA y se instalaron allí, reclamando como propias las porciones de terreno que, cada quién, unilateralmente demarcó para sí”, fundamentó ante el magistrado federal.

“No escapa a la suscripta que estamos en presencia de un especial conflicto enmarcado en la seria crisis económica y habitacional que transita el país, no solo a consecuencia de la Emergencia Sanitaria vigente en virtud de la propagación del COVID-19 sino también producto de décadas de falta de políticas públicas serias en la materia”, sigue.

La fiscal Little pidió que las familias reciban alojamiento por parte de las autoridades de Río Negro.

En una visión por lo menos discutible el juez Zapata sentencia que son “imposibles” los desalojos pacíficos. “(…) he tomado conocimiento por diversos medios de comunicación sobre declaraciones de actores interesados en la conflictividad que indican que en estos casos la mejor salida sería lo que se ha pretendido denominar como “desalojo pacífico”, término que la experiencia indica como imposible, pues desde su génesis cualquier lanzamiento implica necesariamente el uso [aunque sea mínimo] de la fuerza estatal (…) lo que sin lugar a dudas -teniendo particularmente en cuenta el grave contexto social que atraviesa nuestro país- debe evitarse con el objetivo de no profundizar las necesidades que atraviesa un gran número de habitantes de la República”, señala.

“(...) no abrigo dudas que nos encontramos frente a un tema sumamente sensible que no hace más que desnudar la situación de vulnerabilidad en la que se encuentra sumido un gran número de personas que habitan la República Argentina, considerando que bajo ningún concepto los magistrados pueden dejar de lado el respeto a la dignidad de las personas que integran tal delicado grupo ni a la protección que sus derechos merecen en orden al acceso a una solución habitacional, alejando en la medida de las posibilidades la acción de la justicia penal de esos sucesos, en los cuales su aplicación debe ser siempre la ultima ratio”, concluye.

Entre el jueves 20 y el martes 25 un grupo de más de 100 personas en representación de una 133 familias ingresaron a la Reserva Federal de Mirador Azul y Cabeza del Indio de El Bolsón.

Según pudo averiguar Clarín, detrás de la usurpación se encuentran los referentes sociales Juan Fernández (vinculado al asesinato de un policía en San Martín de los Andes por parte de militantes de izquierda chilenos) y Juan Grabois.