El Gobierno tendrá problemas para convencer de que busca mejorar la Justicia

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A esta altura de la historia, el Gobierno ya sabe, aunque sus integrantes prefieran no decirlo en público, que asociar los términos “kirchnerismo” y “mejora de la calidad institucional” en una

misma frase es una gesta imposible. El kirchnerismo no llegó a este mundo para hacer eso. No debe existir un solo votante del Frente de Todos que haya elegido a Alberto Fernández y a Cristina Kirchner​ para que cumplieran ese mandato.

Es por eso que resulta tan fácil encontrar intenciones no confesadas en la reforma judicial y en la convocatoria a un grupo de abogados, jueces y profesores para evaluar cambios en la Corte Suprema y el Consejo de la Magistratura. Si en ese colectivo de asesores hay abogados contratados por la vicepresidenta de la Nación para que organicen su defensa personal y la de sus hijos frente a las denuncias penales que se le acumularon en los últimos años, ya casi que se vuelve imposible hablar siquiera de intenciones “no confesadas”.

El Presidente ya había palpado esa tensión cuando anunció el plan para estatizar la cerealera Vicentin. ¿Qué argentino podría interpretar que ese movimiento estaba destinado a “salvar” a la empresa? Al parecer, ninguno.

Ayer mismo, el gobierno d e Santa Fe dio por concluido su intento por instrumentar un “plan B” -luego del fracaso de la idea original de la Casa Rosada- para nombrar interventores de la Nación y la provincia para manejar la compañía. Todo indica que la soberanía alimentaria se quedó, al menos por ahora, sin padres ni madres que la reivindiquen.

Con la reforma judicial y los retoques a la Corte, al menos en el arranque, pasa algo muy parecido. Con una coalición de Gobierno cuyos dirigentes repiten desde hace años que su intención es “ir por todo” y que los tribunales son parte de un engranaje que funciona de manera coordinada con las empresas más grandes del país, la embajada de Estados Unidos y los medios de comunicación para detener el advenimiento de la soberanía del pueblo, ¿qué individuo realmente existente puede interpretar que la decisión del presidente y de la vicepresidenta es hacer una modificación aséptica de la organización de los tribunales federales y traicionar así la promesa que le hicieron todo este tiempo a los militantes?

La presidencia de Fernández nació con una vocación reivindicativa, y es por eso que le resulta tan difícil instalar una agenda con un desarrollo puesto exclusivamente en el futuro. Las ideas de que es necesario “recuperar” niveles perdidos de justicia social, de consumo interno, de participación del Estado en el mercado de bienes y servicios o de “independencia” en la política exterior forman una parte esencial -por usar una palabra de moda- del discurso que le permitió a Alberto Fernández y Cristina Kirchner regresar al poder. El fracaso del gobierno de Macri ayudó bastante en ese proceso, pero es completamente legítimo que el votante del Frente de Todos no se conforme exclusivamente con haber sacado a Cambiemos del poder.

En sus 12 años en el poder, Néstor y Cristina Kirchner nombraron centenares de jueces en todo el país, de todas las instancias posibles. A la hoy vicepresidencia no le alcanzó. Tampoco le resultó suficiente la reforma judicial de la justicia federal que había dejado trascender el propio Gobierno hace ya varios meses.

Ahora fue el Presidente el que presentó como si fuera una idea suya la creación de un consejo de expertos sesgado políticamente y presentado en un escenario raleado más por los rechazos que por la pandemia. La oposición ya advirtió que no daría el apoyo, que el oficialismo no tiene por sí solo, para nombrar nuevos jueces en la Corte Suprema.

Con respecto al proyecto de ley de la reforma judicial, en cambio, los jefes de Juntos por el Cambio, no mostraron un rechazo unívoco. ¿Podrá el Presidente conseguir los votos para la reforma de la justicia federal y dejar languidecer el plan de aumentar los miembros de la Corte Suprema como quiere Cristina? ¿Hasta qué punto se involucrará el Presidente en la tarea de conseguir los votos que le faltan a la presidenta del Senado para sentar nuevos magistrados en la cúpula del Poder Judicial? El final del proyecto Vicentin, destinado a apagarse en algún pendrive en un cajón de un ministerio, no parece aplicable a este caso.

Cristina ya demostró que este tema le importa mucho. La vicepresidenta comprobó a fines de abril -cuando buscó en vano el aval firmado de los jueces para implementar las sesiones virtuales en el Senado- que la Corte, cuyos miembros no están de acuerdo prácticamente en nada, seguía tan esquiva a sus pretensiones como antes. Desde aquel día no hubo pandemia mundial ni proyecto reformista del Presidente que la desviara de su foco.