El fiscal Stornelli pidió que una parte de la causa por supuesto espionaje ilegal macrista pase a Comodoro Py

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El fiscal Carlos Stornelli pidió a la jueza federal porteña, María Eugenia Capuchetti, que solicite a su colega de Lomas de Zamora, Juan Pablo Auge, una parte de la causa por

supuesto espionaje ilegal macrista, al avalar una presentación del ex jefe de la AFI, Gustavo Arribas, para que el caso sea investigado en los tribunales de Comodoro Py. Ahora deberá decidir Capuchetti si acepta solicitar la inhibición de Auge. En caso positivo, la disputa de competencia seguiría escalando a las cámaras de apelaciones de Comodoro Py, La Plata y eventualmente la Cámara Nacional de Casación Penal.

Para Stornelli, el fiscal de la causa de los Cuadernos de las Coimas, la actual titular de la AFI, ex fiscal y miembro de “Justicia Legítima” Cristina Caamaño hizo la denuncia en Lomas de Zamora en una maniobra de fórum shopping, es decir elegir un juez amigo.

Ahora, el juez Auge también tiene la causa nacida por la declaración del narcotraficante “Verdura” Rodríguez que estaba en manos del juez federal de Lomas de Zamora 1, Federico Villena. Pero la Cámara Federal de La Plata aceptó una recusación de los imputados en su contra y se la pasó a Auge que ocupa el juzgado federal 2 y ya tenía la denuncia de Caamaño sobre supuesta inteligencia ilegal sobre el Instituto Patria.

Para el fiscal Stornelli lo grave es que, por primera vez, desde el mismo Estado (la AFI) se usa esta maniobra del fórum shopping para elegir un juez amigo en medio de declaraciones de funcionarios del gobierno y de legisladores nacionales que crean “una bola de moco” ante la opinión pública mezclando datos ciertos con falsas denuncias.

“Quizás sería de desear que aquella clase de jurisdicciones sean evaluadas en alguna futura reforma, evitando de esta manera que se enmascare y legitime el fórum shopping y tal vez con ello el posible “armado” de causas judiciales no solo desde las partes sino desde el Estado mismo”, agregó.

La causa contra el falso abogado Marcelo D’Alessio fue llevada también por una maniobra de fórum shopping al juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, pero en este caso fue hecho por abogados y ex funcionarios K que no lo hacían en nombre del Estado. Aunque en ambos casos los impulsores son los mismos como por ejemplo, el ex titular de la AFI y senador Oscar Parrilli, el ex subdirector de Contrainteligencia y diputado Rodolfo Tailhade y los diputados Leopoldo Moreau y Eduardo Valdés.

Este tipo de “ilegalidad tomaría mayor repercusión institucional, dado todo lo que últimamente se ha ventilado a través de la opinión pública, si además en ello se verifican –no me consta ni afirmo que éste sea el caso- acciones en tal sentido desde algún organismo vinculado a los servicios de inteligencia”, destacó Stornelli.

“La denuncia que la origina se hace ante un tribunal manifiestamente incompetente, a sabiendas de que el mismo hecho estaba denunciado en Capital Federal, donde tiene su sede la AFI, donde tienen por ley su domicilio legal y despacho sus titulares”, agregó.

La denuncia sobre supuesto espionaje ilegal al Instituto Patria ya había sido investigada por el juez Marcelo Martínez de Giorgi, en el año 2018, quien su sobreseyó a Arribas y a su segunda, Silvia Majdalani por inexistencia de delito. Los ex directivos de la AFI macrista presentaron autorizaciones del juez Villena para hacer una vigilancia perimetral de la ex presidenta Cristina Kirchner por supuestas amenazas de grupos antisistema por la cumbre presidencial del Grupo de los 20.

La denunciante Caamaño, destacó Stornelli, “de larga trayectoria en la vida judicial, conoce al extremo las normas que rigen la competencia territorial, improrrogable por cierto, y exhibe también conocimiento de que lo que se denuncia ya había sido denunciado en los tribunales competentes”.

“Mucho se ha escrito y dicho (mal) acerca de las maniobras conocidas como fórum shopping. Se advierte aquí con claridad prístina un caso digno de ser expuesto en las aulas, talleres académicos, como ejemplo de lo indebido y para fundamentos de futuros proyectos legales al respecto”, agregó Stornelli.

Además, “la velocidad impresa en dar por cierto rápidamente el contenido de aquella denuncia, cual trámite “express” –modalidad jurídicamente inexistente pero que la denunciante (Caamaño) introduce en su escrito-, permitiendo determinadas y presurosas legitimaciones pasivas –algunas expresamente solicitadas en la denuncia misma-, habla por sí misma de la extracción de personas de sus jueces naturales”.

“No enervan en absoluto estos argumentos las acumulaciones compulsivas en otros expedientes donde confluyen una indeterminada cantidad de cosas, sucesos y lugares, acción digna tal vez del vulgarismo “bola de moco” y en generar la falsa idea de investigaciones más grandes y más avanzadas para pretender una competencia que desde el comienzo no debió ser, confundiendo quizás a la opinión pública al hacer parecer como correcto lo que en realidad no lo es”, subrayó.

El principio constitucional de juez natural “tampoco se neutraliza con la invocación de la figura de la asociación ilícita aún no probada, y que si así fuere el caso, tampoco resultaría suficiente para mantener una competencia desde el vamos artificiosa” opinó Stornelli.

“Las maniobras de fórum shopping adquieren bastante probabilidad en jurisdicciones creadas con un único magistrado, lejos de sus tribunales superiores y con la consecuente dificultad en el control, circunstancia claramente nociva para el servicio de justicia y que no se presenta, por cierto, en aquellos ejidos jurisdiccionales que cuentan con un mayor número de magistrados a ser desinsaculados frente a la formulación de una denuncia penal”, finalizó Stornelli.