Desde las PASO 18 presos K dejaron la cárcel y solo quedan 4 detenidos

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Los números de las prisiones preventivas desde 2016 se impusieron como un récord en la justicia federal encargada de investigar casos de corrupción. Se dictaminaron 74 detenciones sobre ex funcionarios, empresarios

y dirigentes políticos vinculados al kirchnerismo, la mayoría fue en el caso Cuadernos de las Coimas cuyas excarcelaciones se dictaron en 2018 y luego fueron saliendo.

Pero continuaba un gran número de detenidos que fue disminuyendo. Desde las elecciones PASO a la fecha: 18 los detenidos K dejaron la cárcel, algunos al haber obtenido la excarcelación y otros bajo la figura de prisión domiciliaria. Y solo quedaron tres tras las rejas.

El "preso K" número 18 en recibir el arresto domiciliario fue Lázaro Báez. Pese a ser dueño de 1.412 propiedades, le prestaron una casa en el GBA después que los vecinos de Ayres de Pilar rechazaran su ingreso para cumplir allí la morigeración de su detención. La situación tiene un antecedente más: las cinco prisiones preventivas que tenía dictadas Cristina Kirchner, quedaron todas sin efecto.

Las estadísticas judiciales están atravesadas por los vaivenes de la política. Después de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) fueron excarceladas siete personas y tras la asunción del presidente Alberto Fernández y un duro discurso contra el Poder Judicial, se puso fin a varias detenciones, a la luz de las restricciones impuestas en el nuevo Código Procesal Penal. En el Pabellón destinado a presos por corrupción, sólo permanecen Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi condenados por la tragedia de Once y el ex asesor y cuñado de De Vido, Claudio "El Mono" Minnicelli por la causa de la Mafia de los Contenedores. Y un no ex funcionario, Martín Báez.

Durante esos meses, Cristóbal López y Fabián De Sousa acusados por defraudación al Estado, al no pagar al fisco más de $ 8.000 millones, fueron excarcelados. El cese de la prisión preventiva alcanzó al empresario de Electroingeniería, Gerardo Ferreyra que cumplía arresto domiciliario, el único empresario procesado en la causa de los Cuadernos de las Coimas que no se acogió a la ley del imputado colaborador.

En el marco de ese mismo expediente, dejaron la cárcel Oscar Thomas, ex director de Yacyretá y Carlos Cortés señalado como testaferro de Daniel Muñoz, ex secretario privado de Néstor Kirchner. Fue en octubre cuando el ex líder de Quebracho, Fernando Esteche, también logró la excarcelación. Previo a ello, la lista había incorporado al ex Jefe del Ejército César Milani absuelto y liberado en La Rioja, en una causa de lesa humanidad.

El marco de estas medidas, atravesadas por el escenario político, fue la resolución la Comisión Bicameral de Monitoreo e Implementación del Código Procesal Penal Federal que ordenó la entrada en vigencia los artículos que limitan la aplicación de prisiones preventivas por parte de los jueces. Aunque cada magistrado analizará sus expedientes, sólo podrán detener a sus acusados cuando se hayan agotado otras nueve medidas previas. Se convirtió en la base de un conjunto de resoluciones con las que se ordenaron las excarcelaciones de varios ex funcionarios y empresarios K.

Algunos jueces realizaron otra interpretación sobre la denominada “doctrina Irurzun” en referencia al presidente de la Cámara Federal porteña, que en noviembre de 2017 ordenó la detención de De Vido en la causa de la mina de YCRT. Allí habló de “lazos funcionales" tejidos al "amparo del acuerdo criminal" que podían usarse para complicar la causa y "el poder residual" de los ex funcionarios. 

A cuentagotas se revirtieron varias detenciones en base a la nueva doctrina del gobierno de Alberto Fernández. En diciembre Julio De Vido dejó el Penal de Ezeiza al igual Roberto Baratta, su ex mano derecha en el Ministerio de Planificación Federal. Fueron liberados después de que el Tribunal Oral Federal 7 (TOF 7) que los juzgará junto a Cristina Kirchner en la causa de los Cuadernos, se basó en aquellas limitaciones aplicadas a las prisiones preventivas.

La lectura política, de todos modos, para algunos magistrados, no es ajena: el Presidente se refirió a "prisiones arbitrarias” y a una justicia "de persecución política" y meses después anunció una reforma judicial que apunta a Comodoro Py, responsable de investigar la corrupción. Mientras que el cristinismo habló de "presos políticos"

La lista sumó, a finales de 2019 al ex intendente de Río Turbio Atanacio Pérez Osuna acusado en la misma causa que De Vido por el desvío de fondos a la mina de carbón. Hubo más: salieron al Rey de la Salada Jorge Castillo (prisión domiciliaria) y al sindicalista Juan Pablo “Pata” Medina. Las liberaciones no mermaron. Durante la pandemia por el Covid19, mientras la Secretaría de Derechos Humanos pedía la libertad de Ricardo Jaime y Martín Báez, la justicia le concedió el arresto domiciliario a Amado Boudou condenado en la causa Ciccone, y en agosto a su consorte de causa José María Núñez Carmona.  Sosteniendo que era un riesgo que permanezca en prisión durante la pandemia, la justicia le dio el mismo beneficio a Luis D'Elía, aunque la Corte confirmó hace dos semanas su condena por la toma de la comisaría de La Boca.