Desde febrero, el Gobierno tenía armada la estrategia judicial para argumentar por la quita de la coparticipación

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La decisión de la Ciudad de recurrir a la Corte Suprema luego de que el Gobierno decidiera quitarle un punto de coparticipación no sorprendió a la administración de Alberto

Fernández. En un informe técnico de febrero, antes de que la pandemia interrumpiera los planes del Presidente, el Ejecutivo analizaba las opciones de Horacio Rodríguez Larreta para resistir la avanzada oficial. El pronóstico de la Casa Rosada anticipó los movimientos del jefe de Gobierno y, sugería las respuestas políticas y legales de Balcarce 50.

“La CABA va a sostener que no se puede quitarle fondos de manera intempestiva y unilateral”, advierte el documento de 14 páginas para anticipar las posibles acciones del jefe de Gobierno porteño.

Intempestiva” y “unilateral” fueron precisamente dos de las calificaciones utilizadas por Rodríguez Larreta en su conferencia de prensa del jueves para referirse al decreto presidencial. “Hay mucha jurisprudencia que dice que una decisión así no se puede tomar de forma unilateral”, sostuvo el jefe de Gobierno.

"Inconstitucional, intempestiva y unilateral". Así calificó Larreta la iniciativa del Gobierno. Foto: Germán García Adrasti

"Inconstitucional, intempestiva y unilateral". Así calificó Larreta la iniciativa del Gobierno.Foto: Germán García Adrasti

En el informe de la Rosada deslizan cuáles podrían ser algunos de los fallos previos a los que podría apelar la Ciudad para defenderse. “Podría, quizás forzadamente, extraer conceptos de la Corte del fallo Entre Ríos”, sostiene el documento.

Se refiere a una sentencia de esta misma Corte Suprema hace menos de un año cuando hizo lugar a la presentación del gobernador Gustavo Bordet, quien reclamaba por la reducción de las alícuotas del IVA y del impuesto a las Ganancias, dos impuestos coparticipables, que Mauricio Macri dispuso tras la derrota en las PASO.

El informe concluye que un hipotético argumento de la Ciudad en ese sentido sería estéril. “Es una situación sustancialmente distinta. No obstante ello, la CABA podría intentar tomarlo como un caso en el cual se afectaban de forma intempestiva e unilateral recursos de una jurisdicción para trazar un paralelismo”, dice el análisis.

El informe escrito hace 7 meses anticipa que la Ciudad seguiría los pasos de Entre Ríos al afirmar que se afectaba un presupuesto en curso; ese es el argumento que se escucha entre los principales colaboradores del jefe de Gobierno. “En el fallo Entre Ríos se atendió al 'peligro en la demora' por la merma de recursos que ya se encontraba comprometidos al desarrollo de políticas públicas”, sostiene el documento.

En el ministerio del Interior ya sabían que la Ciudad exhibiría con el fin de defender la legitimidad de los recursos transferidos por la Nación, la firma del consenso fiscal que suscribieron los gobernadores en 2017; en el que se redujo un 0,25 (de 3,75% a 3,5) las transferencias de la Nación al distrito.

Efectivamente ese es otro de los argumentos que figura en el decreto en el que Rodríguez Larreta instruye a la procuración de la Ciudad para avanzar con una medida cautelar. “Diría que a través de ese Consenso se convalidó el porcentual de participación fijado la CABA, pues se estableció una reducción en función de determinados parámetros y al intervenir en la materia, fijó su postura”, señalaba el informe oficial.

Casi todos los gobernadores que firmaron la solicitada en apoyo a la decisión de Alberto Fernández acompañaron sin quejas el consenso con el coeficiente que recibiría la Ciudad. Alberto Rodríguez Saá (San Luis) y Miguel Lifschitz (Santa Fe) fueron los únicos que no suscribieron ese acuerdo. "Si se hubiera considerado irrazonable el coeficiente de participación de 3,75% o su instrumentación a través de un Decreto, no se hubiese previsto tal cláusula que mantiene constante el nivel (…) Este es uno de los puntos más fuertes que tiene la CABA, pues la cláusula no fue modificada en los consensos fiscales sucesivos, como así tampoco en el suscripto por el actual gobierno el 17/12/2019”, concluye el informe.

Gastos inflados y un nuevo convenio

Hoy en la Casa Rosada sostienen que la “picardía”, a la que hizo mención el ministro Eduardo “Wado” de Pedro radica en que el coeficiente se redujo, pero la masa coparticipable aumentó sustancialmente. Es decir; la Ciudad recibió más recursos nacionales luego de la reducción de antes.

Por último, el documento señala que la Ciudad podría alegar que el costo de financiación de la Policía porteña es el que presentó ante el Comisión Federal de Impuestos (CFI) desde que se hizo efectivo el traspaso en los que informó que el presupuesto aún con las transferencias habilitadas por Macri fue insuficiente. “Ello se debe probablemente a que allí computaban todos los gastos en seguridad, incluso los que ya tenía la Ciudad a partir de la Policía Metropolitana y otras tareas relacionadas”, concluye el texto oficial aquel recomendaba la elaboración de una investigación sobre los números oficiales.

De ese documento posterior, a cargo de la secretaría de Provincias que conduce Silvina Batakis, el Gobierno calculó el gasto operativo del traspaso en 0,92. En la Nación destacan que Rodríguez Larreta no cumplió con la frecuencia obligatoria para enviar los informes correspondientes a la CFI.

Por ahora, no tienen previsto reclamar el excedente que transfirieron a la Nación durante estos años; pero alegan que un fallo adverso para la Ciudad podría redundar en ese camino.

En el Ejecutivo señalan que el cálculo de la transferencia que Macri habilitó es insostenible. “En 2003, (Eduardo) Duhalde fijó la coparticipación de la Ciudad en 1,4 para todos sus gastos administrativos: Legislatura, Ejecutivo, empleados públicos, etc. Es imposible pensar que el costo de la Policía pueda ser más del doble”, razonan funcionarios políticos.

En lo sucesivo, cuando pase el temporal judicial y luego de que el Congreso ratifique la transferencia de la fuerza en los nuevos términos, el Gobierno buscará fijar un convenio con la Ciudad para que la transferencia que le corresponde a la Ciudad no surja más de la coparticipación primaria. “Ese fue uno de los únicos puntos en los que nos pusimos de acuerdo con la Ciudad”, señala un importante funcionario que participó de las negociaciones.