Alberto Fernández quiere mostrar una reforma con su sello, pero la influencia K cambió planes y plazos

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Alberto Ángel Fernández dedicó gran parte del último fin de semana en pulir el proyecto final de la reforma judicial que verá la luz, finalmente, esta semana, con una

presentación que pretende encabezar, acompañado de su ministra del rubro, Marcela Losardo​, y algunos de los miembros del Consejo Consultivo, cuya composición terminó de cerrar este lunes.

 

El Presidente de la Nación quiere mostrar, así, que cumplió con lo prometido el día de su asunción, cuando ante la Asamblea Legislativa ante la que juró como jefe de Estado anunció que iba a introducir profundos cambios en la Justicia.

Pero la demora en emprender esta reforma no tuvo solo que ver con los tiempos de la cuarentena (ya superando los 130 días de aislamiento social, preventivo y obligatorio) sino también con el equilibrio interno del Frente de Todos: el asunto de la Justicia es la principal obsesión de la hoy vicepresidenta, con múltiples causas de corrupción en curso en el fuero federal.

Alberto Fernández quiere convencer a todos que esta reforma tiene su sello: "Te vas a sorprender", le dijo a uno de sus habituales contertulios de la Quinta de Olivos, donde el mandatario pasa estos días de confinamiento.

Lo mismo repitió con cada uno de los once integrantes del Consejo Consultivo a los que llamó y convocó personalmente. Fernández quiere ponerle su sello y, quienes lo rodean repiten que "Alberto tiene muy presente que su padre fue juez y conoce como nadie el mundo judicial". Por eso, la presentación de esta semana contará con el Presidente, la ministra Losardo y tres o cuatro de los miembros del Consejo Consultivo, con la intención de que de esa foto muestre una cara “amable” de la reforma, y no que de allí se infiera que el resultado de ese proyecto y la integración del Consejo Consultivo responden a los deseos de CFK.

Pero la cocina de la reforma judicial tuvo sus vaivenes. La idea de tocar la Corte Suprema de Justicia no era del agrado de Alberto, quien en campaña repetía que "cinco miembros está bien", en referencia al número actual de integrantes del Supremo Tribunal.

La semana pasada, cerca del Presidente se decía que el tema de una eventual modificación del número de miembros de la Corte quedaría para más adelante. Pero el Consejo Consultivo cobró fuerza y, con el impulso del Instituto Patria (búnker K), no solo se consolidó sino que incorporó a su nómina al doctor Carlos Beraldi, abogado defensor de Cristina en las causas de corrupción que se tramitan en los juzgados federales de Comodoro Py.

En el Instituto Patria defienden con uñas y dientes la presencia de Beraldi en el Consejo, y niegan que alguna vez este abogado haya podido quedar afuera de ese cuerpo: "El doctor es uno de los académicos más importantes del país. Fue discípulo de Julio Maier. Es una eminencia. Beraldi es Beraldi por sí mismo. más allá de ser abogado de Cristina", buscan justificar desde las oficinas del Congreso de la hoy vicepresidenta.

Pero la presencia de Beraldi no molesta al Presidente: sí el rol protagónico que tendrán en toda la movida dos alfiles K como Oscar Parrilli y Rodolfo Tailhade, presidentes de las comisiones de justicia en el Senado y en Diputados, respectivamente,

El proyecto oficial ingresará por el Senado, donde el peronismo tiene números cómodos para aprobarlo, y luego irá a Diputados. El eje de la reforma estará en transformar el actual fuero federal en un ámbito más amplio. Con los cambios propuestos por el Poder Ejecutivo, se licuaría la influencia de "Comodoro Py", como se denomina al cuerpo de 12 jueces federales de instrucción que trabajan en el edificio del barrio porteño de Retiro, sobre la calle Comodoro Py al 2002.

Casi con seguridad, el nuevo organigrama al que aspira el presidente dejará 46 jueces federales en los tribunales porteños, que resultan de la suma de los actuales (12) más los que hoy se desempeñan en el fuero penal económico (11). Esa suma de 23 juzgados a su vez se duplicarían, para llegar a la cifra de 46 magistrados. Ese batallón sería bautizado como "nuevo fuero federal penal".

El Presidente trabajó esta reforma junto a su ministra de Justicia, Marcela Losardo, y su secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Béliz, quien postulaba una instancia aún más amplia, que llevaba el número de juzgados a más de 80. También participó activamente de estos cambios Vilma Ibarra, la secretaria Legal y Técnica y última palabra en los documentos que firma el Presidente.

 
Clarín

 

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