Un amparo trae alivio a los emprendedores y apunta contra la Inspección General de Justicia

Economia
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Mientras la ley de la Economía del Conocimiento sigue durmiendo en el Senado, esta mañana un fallo trajo alivio a la situación de miles de emprendedores. Se trata de la medida

cautelar que había solicitado ASEA (Asociación de Emprendedores Argentinos)  y que dictó el Juzgado Comercial 24 y que lleva la firma del juez Horacio Robledo. La medida apunta directo a la Inspección General de Justicia, bajo la batuta de Ricardo Nissen que impedía funcionar a las sociedades simplificadas, un instrumento legal clave para la operatoria de las start up que fue impulsado durante el gobierno de Macri. Conocidas como SAS Sociedad por Acciones Simplificada, Nissen les puso todo tipo de trabas además de intentar desarmar a las que ya estaban en funcionamiento  y que se habían constituido e inscripto ante la IGJ .

La acción de amparo persigue que se declare la nulidad por inconstitucionalidad de varias resoluciones de la Inspección General de Justicia. En la presentación ASEA, cuyo referente es Manuel Tanoira, sostuvo que esas resoluciones eran contrarias a la Ley 27.349 (Ley de Apoyo al Capital Emprendedor) y violatorias de normas constitucionales.

Destacan que al establecer la IGJ una regulación que “contraría la legislación nacional alterando la naturaleza de la SAS, provoca que los emprendedores consideren otras jurisdicciones a fin de establecer sus emprendimientos”. Muchas compañías de este sector tienen en sus planes la mudanza a países vecinos.

Las SAS que nacieron en 2017 son un nuevo tipo de sociedad que permite simplificar procedimientos y reducir costos a través de su constitución por medios digitales en apenas un día, algo que parecería imposible por las formalidades que se requieren y los tiempos que implican esos trámites.

También se facilita su desempeño por la posibilidad de ser unipersonal; el bajo costo derivado de un capital mínimo equivalente a dos veces el salario mínimo, vital y móvil; la posibilidad de prohibir la transmisión de acciones por 10 años; la invitación a resolver los conflictos por negociaciones y arbitraje; la celebración de reuniones del órgano de administración y del órgano de gobierno a distancia, mediante medios que permitan a sus socios y participantes comunicarse en forma simultánea, la utilización de registros contables digitales; el otorgamiento de poderes, estatutos y modificaciones en protocolo notarial electrónico, con firma digital del autorizante; la apertura de cuenta corriente y obtención de la Clave Única de Identificación Tributaria (CUIT) en plazos cortos. A todo esto le puso traba la IGJ y lo acaba de destrabar un amparo judicial.