Nueva moratoria previsional: entre la necesidad de que más gente pueda jubilarse y el aumento del déficit del sistema

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Por la mayor informalidad y el aumento desempleo, crece la cantidad de gente que no podrá jubilarse por no reunir los 30 años de aportes mínimos requeridos. Y la

mayor asistencia del Estado agranda el déficit del sistema previsional que cada vez más depende de las transferencias del Tesoro Nacional que, también deficitario, requiere la asistencia del Banco Central, en un círculo vicioso que parece no tener salida.

A eso se suma que, por la mala liquidación de los haberes, ANSeS carga con unos 300.000 juicios, de los cuales se están pagando unos 40.000 por año, en litigios de 8, 10 o más años, mientras todos los meses en los Juzgados de la Seguridad Social ingresan nuevos reclamos por reajustes de haberes, tanto por la reforma de Macri de 2017 como por los aumentos por decreto diferenciados de Alberto Fernández, lo que explica que el stock de juicios se mantenga casi inalterado.

El deterioro previsional es de larga data. Primero por la dilapidación de los grandes excedentes iniciales del sistema que fueron colocados en bonos de la Tesorería a una baja tasa de interés que terminaron licuados por la altísima inflación.

También por la tolerancia del Estado con la evasión y el trabajo no registrado que luego derivaron en “generosas” facilidades para el pago de aportes retenidos y contribuciones no declaradas de los empleadores.

En tanto, se aprobaron jubilaciones de privilegio para jueces, diputados, senadores y concejales, entre otros. Y con el argumento de abaratar la creación de empleo, las constantes reducciones de las contribuciones patronales acentuaron el desfinanciamiento del sistema, agravado porque no evitaron el incremento de la informalidad. En esas condiciones, las jubilaciones y pensiones se degradaron y el sistema debió ser crecientemente asistido por el Tesoro.

La titular de la ANSES Fernanda Raverta.Foto Guillermo Rodríguez Adami.

La titular de la ANSES Fernanda Raverta.Foto Guillermo Rodríguez Adami.

Luego de la crisis de 2001/2002, hubo aumentos del haber mínimo en detrimento del resto de los jubilados, lo que fue cuestionado por la Corte Suprema en el caso Badaro. También que no se actualizaran los sueldos que se toman como base para el cálculo del haber inicial (caso Elliff), lo que fue ratificado por el fallo de la Corte de fines de 2018 en el caso Blanco.

En 2008 se estatizó el sistema- luego que las AFJP insumieran un costo directo en torno a los U$S 8.000 millones, según un estudio de ASAP (Asociación Argentina de Presupuesto) pero se mantuvo la ley de jubilaciones de los 90, que había reducido el cálculo de los haberes, y se continuó cargando a la ANSeS el pago de beneficios que no se financiaron con aportes, como consecuencia de los altos niveles de desempleo, informalidad y evasión patronal.

Así, en 2005 se le dio impulso a las jubilaciones con moratorias y en 2017 se aprobó la PUAM (Pensión Universal al Adulto Mayor) que “representan las formas en que el Estado argentino enfrentó los efectos previsionales de una realidad caracterizada por la precarización laboral”, según ASAP. También hay que consignar que se otorgaron jubilaciones con moratoria a gente pudiente, sin indagar las condiciones socioeconómicas de los beneficiarios, mientras la pobreza y la indigencia continuaron en constante aumento.

ND